Foto: Daniel Reina Romero / SEMANA
Las autoridades detuvieron a un sacerdote católico que estaba sentenciado a 19 años de prisión por ser cabecilla de un grupo paramilitar, informó la Fiscalía.Se trata del religioso Óscar Albeiro Ortiz, quien fue arrestado en el municipio de La Virginia, explicó en un comunicado la oficina de prensa del organismo investigador.
En agosto del 2013, el Tribunal Superior de Medellín sentenció a Ortiz a 19 años de cárcel por su probada participación en bandas paramilitares.
El sacerdote siempre se declaró inocente.
El arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón, expidió un comunicado en el que sostuvo que la arquidiócesis a su cargo “no tiene elementos de juicio, válidos y suficientes, para pronunciarse sobre los hechos por los que es acusado el sacerdote Ortiz Henao, que ahora está suspendido por su superior, ad cautelam, del ministerio sacerdotal”.
Tobón enfatizó en que la arquidiócesis respeta y acata los procedimientos de los organismos de justicia del país.
“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de Medellín, Ortiz era el cabecilla de una organización criminal que delinquía en el barrio El Limonar del corregimiento San Antonio de Prado (de Medellín). El grupo armado estaba compuesto por desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas” o paramilitares, agregó la Fiscalía en su reporte oficial.
Ortiz fue detenido en abril de 2010 y fue absuelto en primera instancia por un juzgado penal, pero la Fiscalía apeló y el Tribunal Superior de Medellín lo condenó.
Según la Fiscalía, seguimientos e interceptaciones telefónicas daban cuenta de que Ortiz había señalado de ser guerrilleras a varias personas que aparecieron más tarde asesinadas.
La Fiscalía dijo desde un principio que Ortiz creó en San Antonio de Prado un grupo paramilitar que en la última década habría perpetrado homicidios y extorsiones y también habría propiciado el desplazamiento forzado de personas.
La sentencia del 1 de agosto de 2013 dice que Ortiz fue sacerdote del sector de San Antonio de Prado hasta 1999 y que “por ostentar liderazgo en la organización criminal como político o ideólogo” se encargó “de coordinar la llegada de las (paramilitares) autodefensas unidas de Colombia”.
Según la providencia condenatoria, muchos de los crímenes en San Antonio de Prado se cometían a nombre del religioso toda vez que los paramilitares les anunciaban a sus víctimas que recibirían un castigo “por desobedecer las órdenes del sacerdote”.
Esos castigos, según el Tribunal Superior de Medellín, consistían en golpizas y desplazamiento forzado de los habitantes de este corregimiento ubicado a una hora por carretera de Medellín.
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